El Fiscal General Anthony G. Brown se unió a una coalición de 14 fiscales generales para oponerse al “intento ilegal e infundado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de despojar del Estatus de Protección Temporal (TPS) a inmigrantes hondureños, nepaleses y nicaragüenses”.
El 6 de junio, la secretaria del DHS, Kristi Noem, solicitó la cancelación de la designación de Nepal para el TPS, revocando el TPS para aproximadamente 7,200 inmigrantes nepalíes que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante más de una década desde los terremotos de 2015.
El 8 de julio, la secretaria Noem anunció que el DHS también cancelaría las designaciones de TPS para Honduras y Nicaragua, revocando el estatus de 51,000 y 2,900 inmigrantes, respectivamente. Los beneficiarios del TPS de Honduras y Nicaragua, a quienes se les otorgó el estatus en 1999 debido a la devastación causada por el huracán Mitch, han construido sus vidas en Estados Unidos durante más de 25 años. En total, las tres cancelaciones del TPS privarían a más de 60,000 personas del estatus legal que les ha permitido participar y fortalecer la vida cívica y la economía de Estados Unidos, según la oficina de Brown.
“Finalizar el TPS para inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua obligaría a miles de residentes de Maryland a elegir entre abandonar a sus familias o regresar a condiciones peligrosas en sus países de origen”, declaró el Fiscal General Brown, en un comunicado de prensa. “Nos oponemos firmemente a las acciones ilegales de la administración Trump e instamos a la corte a detener estos devastadores cambios de política que desgarrarían comunidades en todo nuestro estado”, añadió.
En 2022, alrededor de 68,000 ciudadanos estadounidenses vivían con un beneficiario del TPS hondureño, aproximadamente 13,000 ciudadanos estadounidenses vivían con un beneficiario del TPS nicaragüense y aproximadamente 23,000 ciudadanos estadounidenses vivían con un beneficiario del TPS nepalí. En total, más de 100,000 ciudadanos estadounidenses vivían en hogares con estatus mixto.
El programa TPS es una ayuda humanitaria crucial, establecida por el Congreso en 1990, que protege a los inmigrantes de ser devueltos a países considerados inseguros, permitiéndoles trabajar y construir una vida en Estados Unidos. En un escrito presentado en el caso National TPS Alliance v. Noem, la coalición destaca las devastadoras consecuencias económicas y humanitarias de poner fin a estas protecciones del TPS e insta al tribunal a posponer las medidas propuestas, según el comunicado.
Los fiscales generales instan a la corte a emitir un recurso preliminar que posponga estas revocaciones y proteja a los inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua. Junto al Fiscal General Brown en la presentación de este escrito se encuentran los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Vermont y el Distrito de Columbia.
