Un informe publicado hoy por la Oficina del Inspector General del Condado de Montgomery (OIG) reveló inconsistencias en la forma en que las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) gestionó su proceso de adquisiciones durante los años fiscales 2023 y 2024.
Como parte de sus operaciones y para garantizar el funcionamiento de las escuelas, la División de Adquisiciones de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery se encarga de comprar material escolar, materiales no relacionados con la construcción de infraestructura y adquirir servicios para todo el sistema. Todas estas compras deben realizarse bajo estrictas leyes de adquisiciones. En los dos últimos años fiscales, dichas compras alcanzaron entre 200 y 300 millones de dólares anuales.
Lo que encontró la Oficina del Inspector General
La OIG descubrió que no existe un proceso estandarizado sobre cómo el personal de las escuelas públicas del Condado de Montgomery debe documentar las compras, registros que se requieren a menudo están incompletos o dispersos en múltiples sistemas y como el personal suele basarse en su propio criterio o en procesos no oficiales, lo que genera prácticas inconsistentes.
Algunos de los hallazgos clave del informe indican que MCPS ignoró la ley de Maryland y sus propias regulaciones al realizar compras superiores a $25,000 sin la aprobación de la Junta de Educación. Además, siete proveedores recibieron pagos por encima de dicho límite durante los años fiscales 2023 y 2024 sin evidencia de autorización por parte de la junta.
Seguimiento de gastos y cuestiones laborales
El informe también señala cómo las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery carecen de un sistema para rastrear o consolidar los pagos a proveedores, lo que provoca que las compras no tengan la supervisión que se requiere. Asimismo, la Oficina del Inspector General (OIG) encontró múltiples casos en los que empleados de MCPS fueron contratados como contratistas independientes, nueve empleados recibieron pagos como proveedores, dos jubilados recibieron pagos como contratistas y uno de estos casos careció de la aprobación requerida, en contravención del Manual Financiero de MCPS.
Conclusiones de la Oficina del Inspector General
La Oficina del Inspector General concluyó su informe enviando un memorándum el 31 de octubre de este año al Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS), Thomas W. Taylor. En dicho memorándum se concluyeron importantes deficiencias en la supervisión y una falta de controles internos para cumplir con las leyes de adquisiciones, advirtiendo que los sistemas actuales exponen a MCPS al riesgo de despilfarro, mala gestión y posible fraude.
Respuesta y cronograma de MCPS
En respuesta, el Superintendente de MCPS, Dr. Thomas Taylor, aceptó las principales conclusiones y describió algunas de las medidas que el sistema escolar está implementando.
“Como nuevo superintendente, me frustra seguir descubriendo problemas operativos que se originaron antes de esta administración y que debieron haberse corregido hace mucho tiempo. Los procesos precisos y los controles internos sólidos no son opcionales, son fundamentales”, dijo el superintendente Thomas W. Taylor.
“La confianza de nuestra comunidad depende de nuestra disciplina, al igual que mi propia confianza en nuestro trabajo de cara al futuro. Abordaremos estos hallazgos directamente, corregiremos los sistemas subyacentes y perseveraremos en este trabajo hasta que esté terminado, porque es imprescindible hacerlo”. Agregó el superintendente.
MCPS trabajará para publicar manuales actualizados de Adquisiciones y Finanzas para febrero de 2026, creará una herramienta para dar seguimiento al gasto hasta alcanzar el umbral de aprobación de $25,000 para diciembre de 2025 e implementará controles para evitar que los empleados sean contratados como contratistas.
Próximos pasos por parte de la Oficina del Inspector General
Todas las recomendaciones de la Oficina del Inspector General están siendo evaluadas por las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. El proceso de verificación, corrección e implementación está en marcha, y la Oficina del Inspector General gestionará el proceso por etapas para garantizar que se realicen los cambios necesarios y se corrijan las deficiencias para proteger el dinero de los contribuyentes.
