Líderes del condado de Montgomery y organizaciones defensoras de los inmigrantes condenaron el jueves una serie de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que permiten a la administración del presidente Donald Trump avanzar con cambios en la política migratoria, entre ellos el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos inmigrantes, restricciones al acceso al asilo y una decisión que facilita la deportación de algunos residentes permanentes con antecedentes penales.
1. Estatus de Protección Temporal (TPS)
La Corte Suprema permitió que la administración Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Haití y Siria mientras continúan las demandas que cuestionan la legalidad de esa medida.
El TPS es un beneficio migratorio otorgado a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un regreso seguro. Quienes cuentan con este estatus pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos y están protegidos contra la deportación mientras el beneficio permanezca vigente.
La decisión de la Corte no resuelve si la cancelación del TPS es legal. Únicamente autoriza al gobierno a implementarla mientras el litigio continúa en tribunales inferiores.
2. Solicitudes de asilo
En una decisión separada, la Corte permitió que el gobierno limite el número de personas que pueden solicitar asilo cada día y restablezca una política utilizada durante la administración del presidente Barack Obama para rechazar a algunos solicitantes en la frontera.
3. Residentes permanentes
En un tercer fallo, la Corte facilitó la deportación de algunos residentes permanentes legales (titulares de “green card”) condenados por determinados delitos al restringir su acceso a ciertos mecanismos de alivio migratorio. La decisión no afecta a todos los residentes permanentes ni modifica sus protecciones generales, sino que aplica a casos específicos previstos por la ley migratoria.
El ejecutivo del condado reacciona
“Lo que hizo hoy la Corte Suprema es vergonzoso: un desmantelamiento deliberado de las vidas que las personas han pasado años construyendo aquí, legalmente y de buena fe”, afirmó el ejecutivo del condado, Marc Elrich, en un comunicado.
Elrich señaló que muchos beneficiarios del TPS pagan impuestos, crían hijos ciudadanos estadounidenses y desempeñan funciones esenciales en hospitales, restaurantes y obras de construcción. “Hoy les dijeron que pueden ser enviados de regreso a países que no son seguros”, expresó.
También sostuvo que solicitar asilo “es un derecho consagrado en nuestras leyes y basado en los principios más básicos de la dignidad humana”.
El ejecutivo recomendó a los residentes con dudas sobre su TPS comunicarse con el Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist.
Fani-González: “Lo tomo de manera personal”
La presidenta del Concejo del Condado, Natali Fani-González, dijo que las decisiones la afectan personalmente como inmigrante.
“Como inmigrante, tomó estas decisiones de manera personal. Aunque no podemos controlar lo que ocurre a nivel federal, seguiremos acogiendo a nuestros vecinos inmigrantes aquí en el condado de Montgomery”, afirmó.
Fani-González destacó que miles de beneficiarios del TPS han formado familias, trabajado y contribuido a la comunidad durante años.
Añadió que considera que toda persona que llega a territorio estadounidense debe tener derecho a solicitar asilo y recordó que el condado aprobó recientemente cuatro leyes relacionadas con inmigración y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
CASA califica la decisión de “cruel”
Ama Frimpong, directora de servicios de CASA, calificó el fallo sobre el TPS como “una decisión cruel y peligrosa para innumerables familias, trabajadores y comunidades enteras”.
Recordó que el Congreso creó el programa hace más de tres décadas bajo el principio de que nadie debe ser obligado a regresar a un país afectado por conflictos, desastres naturales o inestabilidad política.
Departamento de Seguridad Nacional respalda los fallos de la corte
En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldó las decisiones.
“Estos tres fallos representan victorias para el Estado de derecho y el sentido común”, declaró James Percival, asesor jurídico general del DHS.
Según Percival, las decisiones fortalecen la capacidad del gobierno para controlar la inmigración, limitar ciertas solicitudes de asilo, facilitar la deportación de algunos residentes permanentes condenados por delitos y reafirmar que el TPS es una protección temporal que puede cancelarse cuando las autoridades lo consideren apropiado.
Lee el reportaje en inglés: With ‘Protected Status’ at risk for immigrants, Montgomery County leaders condemn Supreme Court’s ruling
