Han pasado más de dos meses desde que Kilmar Ábrego García, nacido en El Salvador, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado a su país de origen sin el debido proceso. Ábrego García había sido eximido de extradición por orden judicial.
A finales de la semana pasada, el representante estadounidense Glenn Ivey (demócrata por Maryland) fue el último abogado al que se le negó el acceso a Ábrego García.
Durante una conferencia de prensa tras ser rechazado, Ivey declaró: “Me sentí profundamente decepcionado y, francamente, enojado porque no nos permitieron verlo”.
Así describió el encuentro con los guardias de la prisión de Santa Ana, en El Salvador: “Hablamos con nuestro embajador, quien también contactó al gobierno. Así que el hecho de que no nos dejaran entrar, de hecho, nos dijeron en la puerta que teníamos que regresar a San Salvador para obtener un permiso, lo cual es ridículo. Esta es una visita internacional. Soy miembro del Congreso. Debería tener la oportunidad de visitar a mi elector”.
A finales de abril, durante un viaje a El Salvador, a cuatro demócratas de la Cámara de Representantes se les denegó su solicitud de reunirse con Ábrego García.
Hasta ahora, el único funcionario estadounidense que ha hablado con él desde su deportación ha sido el senador Chris Van Hollen. A Ábrego García se le ha negado cualquier comunicación con su familia o su abogado.
La batalla legal se ha convertido en una importante prueba del poder ejecutivo contra la autoridad judicial, a pesar del fallo de la Corte Suprema que exige que el gobierno “facilite” su regreso a Estados Unidos.
